TARIFICACIÓN VIAL

(Editorial de El Mercurio, 19 de septiembre de 2007)

El Ministerio de OO.PP. está estudiando la posibilidad de introducir la tarificación vial en algunas zonas de Santiago: los automovilistas que deseen acceder a esas áreas deberían pasar bajo pórticos similares a los de las autopistas concesionadas, cobrándoseles por el acceso. Aunque se trata de una medida discutida hace bastante tiempo por economistas y expertos en transporte, los temores a su evidente impopularidad la han hecho políticamente inviable hasta ahora.

Probablemente continuará siéndolo, mientras la congestión no se torne inmanejable y la población perciba que, además de pagar ella muy gravosos impuestos, el Estado abunda en recursos, pero no los utiliza para resolver las deficiencias de infraestructura vial.

Sin embargo, es probable que también Chile deba recurrir a la tarificación en algún momento futuro si no logra que la construcción inmobiliaria pague en vías alternativas el verdadero costo de la congestión que provocan grandes centros de negocios, comercio y oficinas. Al respecto, la experiencia internacional es creciente. Singapur tiene un sistema de esta especie desde 1975. En Londres, el régimen de tarifa introducido por el alcalde izquierdista ha reducido sustancialmente la contaminación y la congestión, aunque se lo ha acusado de disminuir la actividad comercial en la zona tarificada. A principios de año, los votantes del centro de Estocolmo aprobaron la introducción de tarificación vial, y también el popular y millonario alcalde de Nueva York promueve su instalación en esa ciudad.

El interés en esta idea ha aumentado mundialmente, porque los cambios tecnológicos han hecho posible la tarificación vial urbana -el sistema de tags puede ser adaptado fácilmente a ella- y la mayor congestión corre a parejas de una sensibilidad colectiva ante la contaminación antes inexistente.

Los conductores no perciben el efecto que su decisión de usar un automóvil tiene sobre los demás usuarios de las vías. De allí que éstas, que son un recurso escaso, se sobreutilicen, causando congestión y contaminación. La primera no sólo afecta a los vehículos privados, sino que aumenta los tiempos de recorrido del transporte público. La tarificación intenta corregir estos problemas, haciendo que los conductores perciban el costo total de su decisión, reduciendo el incentivo a utilizar automóviles y, en consecuencia, la congestión y las emisiones contaminantes. Los ingresos generados podrían usarse para mejorar el transporte público o, alternativamente, para reducir impuestos distorsionadores, como los de la gasolina.

Aunque el MOP ha pensado en la tarificación vial para el centro de Santiago, puede ser necesario que se introduzca antes en una zona en que ya se avecina un colapso vial: El Bosque-rotonda Pérez Zujovic. Tal vez así podría recaudarse parte de los recursos necesarios para las obras de mitigación que se requieren. Asimismo, podrían reducirse las críticas regionales a un gasto público dedicado a la Región Metropolitana y a una zona de altos ingresos.

Hay buenos argumentos en contra de la tarificación vial: el derecho a usar las vías públicas libremente; el permiso de circulación otorga un derecho a utilizar las calles, y su efecto negativo sobre los sectores de menores ingresos. Al respecto, se contraargumenta que el derecho a usar las calles lleva a la sobreutilización de un recurso gratuito; el permiso de circulación es una denominación inapropiada para un impuesto a los vehículos y, en todo caso, ya está erosionado por la restricción vehicular por mero decreto administrativo; en fin, los sectores de menores ingresos deberían ser beneficiados con un transporte público más rápido, por la menor congestión.

En suma, se trata de una medida que podría tener potencial para mejorar la calidad de vida de la ciudad, pero ella requeriría completa información y aceptación razonada de la ciudadanía, y no admite precipitaciones, dogmatismos ni imposiciones voluntaristas.